El asesinato del adolescente Luis Daniel Padilla (16) en el barrio San Isidro estuvo a punto de sumar otro capítulo violento. Es que familiares directos de la víctima y un grupo de allegados se manifestaron ayer frente a la vivienda donde se cometió el crimen, al ver que su propietaria, Susana (62), estaba en plena mudanza. Interpretaron eso como una intención de eludir su presunta responsabilidad penal en el homicidio, aunque al haber sido liberada judicialmente por el magistrado interviniente, la mujer sostuvo que abandonó la casa por miedo a sufrir represalias.

 

 

Fue el papá del chico asesinado, Juan Padilla (72), quien observó el movimiento cuando regresaba de su trabajo. La novedad corrió rápidamente en el barrio y rápidamente se concentraron frente al inmueble para impedir que sigan cargando muebles al camión.

 

En medio de ese escenario hostil, recrudeció el pedido de justicia y se avivaron las críticas hacia las autoridades encargadas de investigar el ataque. Lo único que consiguieron fue más policías para custodiar la propiedad.

 

“¡Que salga a dar la cara!”, pidió uno de los exaltados vecinos. Enseguida una mujer con su bebé en brazos dijo: “¡Debería estar presa, ella sabe muy bien lo que hizo esa noche!” y retrucó: “Nos tiraba botellas para impedir que entráramos a rescatar al chico”.

 

La destinataria de esos mensajes no estaba pero todo fue escuchado por un familiar directo que, bajo la mirada inquisidora de los manifestantes y la custodia de los uniformados, prosiguió su tarea.

 

"Sin impedimentos”
Si bien se generó un ambiente tenso, la situación no pasó a mayores debido a la intervención del titular de la Comisaría Decimoquinta, Víctor Benegas, quien se acercó para explicar a los familiares de Padilla la instancia en la que se encuentra la causa y por qué la mujer a quien ellos acusan de partícipe puede mudarse si así lo considera.

 

Es que Susana fue demorada preventivamente la noche del crimen pero acuerdo a la investigación, no tuvo participación en el ataque mortal. Cuando fue liberada, judicialmente no hubo ningún tipo de restricción, por lo que como primera medida ella misma decidió abandonar el barrio.

 

Más allá de eso, se informó que la escena del crimen estuvo custodiada hasta que se hicieron pericias pero después ya no hubo impedimentos a su propietaria. Es decir, lo que para los allegados del menor estaba mal (la mudanza), se enmarcó dentro de lo previsto. “La dueña de la casa no tiene impedimentos judiciales porque no fue vinculada a la causa, esto quiere decir que tiene libertad de acción sobre sus bienes. Si ella decidió mudarse, nadie de ustedes puede impedirlo”, explicó varias veces Benegas, pero siempre chocó con el dolor transformado en reclamo. “Sólo queremos justicia, porque los tres lo mataron y los tres tienen que pagar. Nosotros vimos lo que pasó esa noche, por eso es injusto que el que mata quede libre, como si nada”, reclamaron.

 

“Ella estaba”
Juan Padilla, papá del chico asesinado, cuestionó la libertad de Susana. En sede policial ella declaró que esa noche, al darse cuenta del alboroto y que su pareja había agarrado al menor, se encerró en una de las habitaciones de la casa hasta que todo terminó, pero el hombre la trató de mentirosa al afirmar que estuvo presente durante todo el ataque.

 

“Cuando llegué estaba mi hijo tirado como un perro y desde adentro de la casa la mujer tiraba botellas llenas de cerveza para que no entre e incluso les pasaba a los otros para que tiren. Pude esquivar los botellazos hasta llegar a mi hijo pero ya estaba muerto”, detalló, y recordó que “estaba (la dueña de casa) en todo momento atrás del asesino y mintió que se encerró porque se asustó, ya que todos vieron la participación que tuvo en el asesinato”.

 

Este relato fue coincidente con el de otras personas, a quienes las autoridades pidieron que acudan a la comisaría para brindar sus testimonios y ayudar a esclarecer el hecho. “No me interesa que lleven sus cosas, solamente quiero que paguen”, dijo el compungido padre, quien acompañará a los vecinos que decidan contar lo que vieron.

 

Por ahora siguen detenidos Daniel L. (53) y Diego S. (34), acusados del delito de homicidio simple. El presunto robo que dijeron ocasionó sus reacciones fue prácticamente descartado, por lo que ahora se busca determinar qué pasó esa noche siniestra.

 

En ese punto aparece como clave el testimonio de un adolescente que acompañó esa noche a la víctima y corrió inmediatamente después de iniciado el ataque. Ya declaró en sede policial y en las próximas horas lo hará en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo. Lo que tenga para decir echaría luz sobre varios aspectos oscuros del caso.

 

Mientras esperan eso, mañana habrá una marcha en pedido de justicia, que partirá a las 17 desde el lugar del crimen. “Los asesinos tienen que pagar”, dijeron.