Alejandra Gils Carbó está imputada en una causa judicial en la que se investiga el pago de millonarias comisiones producto de la compra del edificio de la calle Perón 667, donde tiene sus oficinas centrales la Procuración General de la Nación.

Espacio Publicitario
 
 
 

Después de más de dos meses de investigación, la maniobra está bastante clara: el medio hermano de un funcionario de la Procuración con injerencia en la licitación cobró medio millón de dólares de comisión. Recibió ese dinero -sostienen los investigadores- a cambio de la información calificada y reservada sobre la licitación. La comisión fue pagada por la empresa que ganó el expediente y se hizo de $43.850.000 por la venta del edificio.

El que tenía la información calificada es Guillermo Bellingi, a quien Gils Carbó designó como subdirector general de la Procuración. Su medio hermano es Juan Carlos Thill, quien cobró 559.000 dólares de comisión. A él le pagó la firma Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez cobró de la firma Arfinsa-del Grupo Bemberg- que vendió el edificio.

 

El fiscal Eduardo Taiano a cargo de la investigación tiene- según fuentes judiciales- prácticamente probada la responsabilidad de Bellingi quien, según su designación en la Procuración firmada por Gils Carbó, tenía dependencia directa de la procuradora. En cercanías de Gils Carbó admiten haberse enterado del pago de comisiones cuando Infobae publicó la factura por la que Thill cobró $ 3.000.000. Y refuerzan a cada paso la teoría del empleado infiel (Bellingi) que hizo una maniobra a espaldas de su jefa (Gils Carbó)

Todo el negocio quedó registrado: hubo facturas, contratos y mails en los que, por ejemplo, se adelantaba información que sólo estaba dentro de la Procuración y que era clave para quienes aspiraban a vender sus edificios.

Infobae, que reveló buena parte de la información que está en el expediente, accedió al contrato entre Arfinsa y Jaureguiberry que derivó en el pago de comisiones millonarias.

 

La licitación  para la compra de un edificio por parte de la Procuración General de la Nación aún no era pública. Pero los que iban a terminar ganándola sabían qué número iba a llevar.

Tenían información calificada y por eso se sentaron y firmaron una propuesta que terminó en el pago de una comisión de $ 7.700.000

El 1 de marzo de 2013 Arfinsa, y Jaureguiberry se pusieron  de acuerdo y firmaron un contrato para que la segunda represente a la primera en la licitación 1/2013. Recién el 6 de marzo se oficializó la licitación. Y se hizo pública unos días después.

Conocían de antemano el número de licitación pero en el contrato no decían a qué organismo público correspondía. Algo extraño en un contrato tan puntilloso como el firmado entre Arfinsa y Jaureguiberry.

El contrato consta de una introducción, cinco puntos de acuerdo y ocho cláusulas y obligaciones. No dejaron detalle por asentar, salvo a qué repartición pública correspondía la licitación del edificio objeto del contrato. En ningún momento se nombra a la Procuración General de la Nación a pesar de que para ese entonces ya había fluido contacto e intercambio de información entre el dúo Bellingi/Thill y Arfinsa/Jaureguiberry.

En el contrato Arfinsa fijó un precio mínimo para el edificio de la calle Peron 667. Lo hizo en la primera cláusula donde quedó establecido el objeto del contrato. Allí se lee:

"Primera. Objeto: Arfinsa, autoriza a la Agente Inmobiliaria para que promueva y gestione del modo y ante quienes estime más conveniente, la venta del Edificio a cualquier tercero, por un precio no inferior a USD 5 millones (dólares estadounidenses cinco millones) conforme  a la cotización para el billete de dólar estadounidense, tipo vendedor, del Banco de la Nación Argentina, del último día cambiario hábil anterior al de la fecha de pago. La  intención de Arfinsa es que la venta se concrete mediante el pago al contado de la totalidad del precio en el momento de la escrituración. Sin perjuicio de ello Arfinsa se compromete a considerar eventuales ofertas de compra con un pago financiado, siempre que al menos el 50% del precio se pague al contado en las condiciones indicadas anteriormente y pago del saldo se garantice con una hipoteca sobre el Edificio u otro inmueble de valor equivalente"

Otras cláusulas hacían referencia a la exclusividad, a los plazos del contrato, a las tareas de las que debía ocuparse Jaurgeuiberry . Una de ellas era la de "mantener permanentemente informada" a Arfinsa: algo que efectivamente sucedió. Hay mails que indican que Bárbara Jaureguiberry les reenviaba a los ejecutivos de Arfinsa  la información calificada que Thill le hacía llegar a ella.

edificio procuracion gils carbo - con marca de agua sf
La cláusula quinta es la que estableció el monto millonario de la comisión. En el contrato se lee:

"Quinta. Honorarios de la Agente Inmobiliaria: los honorarios de la Agente Inmobiliaria serán calculados del siguiente modo:
i)Un honorario fijo por la gestión de preparación y trámites de presentación de toda la documentación correspondiente al Pliego de bases y condiciones correspondiente a la licitación pública N 1/2013, por la suma de $ 500,000 (quinientos mil pesos).
ii) 5% de comisión calculada sobre el precio de venta mínimo establecido en la calle cláusula primera.
iii) 10% de comisión en caso de que el precio supere la suma de US$ 7.000.000 (siete millones de dólares) según el tipo de cambio establecido en la cláusula primera
iv) 15% de comisión en caso de que el precio supere la suma de USD 9.000.000 (nueve millones de dólares) según el tipo de cambio establecido en la cláusula primera.
v) 3, 5% de comisión adicional en caso de que el precio de venta se pague íntegramente dentro de los seis meses efectuar la reserva y/o suscripto el boleto de compraventa".

En julio de 2013 cuando se concretó la operación el dólar cotizaba a $5,37. Es decir que el edificio se pagó algo más de USD 8.000.000. A Jaureguiberry le correspondió el 13,5% de comisión más medio millón de pesos de base por realizar la gestión.  Eso hizo una cifra total (con el IVA incluido) de $ 7.700.000 . Pero Jaureguiberry no se quedó con todo. Tuvo que compartir con su fuente de información calificada: debió pagarle a Thill $ 3.000.000.

La investigación ha entrado en etapa de definición. El fiscal Taiano- que tiene delegada la causa por decisión del juez Julián Ercolini- tomó la semana pasada varios testimonios de los que ofrecieron edificios y perdieron ante Arfinsa.

Taiano espera la finalización de un peritaje informático para terminar de corroborar los contactos previos y fluidos entre los ganadores de la licitación y quienes los asesoraban con información precisa desde dentro de la Procuración.