E
stoy muy arrepentido de hacer lo que hacía", dijo ayer el empleado municipal Cristian Rodolfo Almada, más conocido como Cata, en el juicio abreviado al que llegó junto al gasista y sanitarista Claudio Alberto Martínez, alias Pato. Ambos aceptaron la pena de cinco años de prisión efectiva por regentear la venta de droga en domicilios del barrio El Sol de Paraná.
 
Ambos hombres de 42 años fueron detenidos en octubre de 2015 tras los allanamientos realizados por la Dirección Toxicología en sus viviendas.
 
La investigación por narcomenudeo había comenzado unos meses antes, ante la sospecha de que Almada, quien se desempeñaba en la Unidad Municipal N° 4, vendía droga en su casa de calle José María Paz, mientras que su vecino Martínez la almacenaba en su vivienda de calle Santos Vega, de barrio El Sol II.
 
 
Cuando los uniformados irrumpieron en ambos domicilios encontraron los elementos que estaban buscando: un kilo y medio de marihuana (una parte fraccionada para la venta y otra en ladrillos compactos), así como otras evidencias del delito. También había una abultada suma de dinero en efectivo que alcanzó los 144.000 pesos. Además, en la vivienda de Martínez hallaron una planta de marihuana sembrada en una maceta.
 
 
Finalmente, con la cantidad de pruebas en su contra, ambos decidieron evitar un juicio común y acordar una pena con el fiscal general José Ignacio Candioti.
 
 
Así fue que tanto Martínez, que fue defendido por Juan Pablo Temón; como Almada, asistido por Corina Beisel, aceptaron cinco años de prisión, que ya cumplen en la Unidad Penal N° 1. Los delitos fueron Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y Siembra y/o cultivo de cannabis sativa con la misma finalidad.
 
La jueza del Tribunal Oral Federal unipersonal, Noemí Berros, analizará los elementos de la causa para decidir si homologa el acuerdo.
 
 
Cabe remarcar que ambos imputados realizan tareas, capacitaciones y tratamientos para la reinserción social, incluso Almada finalizó el Secundario.
 
 
 
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Sobreseídos por contrabando
 
 
Una pareja uruguaya había sido procesada por el delito de contrabando al ser detectados con 300.000 dólares en un bolso ingresando al país desde Uruguay, en la Aduana de Gualeguaychú. En la apelación a tal medida, el defensor manifestó que nunca ocultaron la plata fruto de ahorros y que la llevaban en un bolso por seguridad. La Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al pedido y los sobreseyeron.V