El ex funcionario judicial falleció mientras esperaba ser enjuiciado en una causa en la que contaba con nueve imputaciones, entre ellas asociación ilícita en concurso con tormentos y privación ilegítima de la libertad.

Junto al ex fiscal Federal Roberto Mazzoni, Córdoba había sido señalado por sobrevivientes al terrorismo de Estado por su omisión en la investigación de habeas corpus, visita a penales en sur del país donde a pesar de haber constatado graves falencias en las condiciones de detención se negaron a hacer cesar estas irregularidades, y participar en el encubrimiento de torturas y secuestros. 

Como magistrado, Córdoba aceptó sin cuestionamiento alguno la versión oficial según la cual los fusilados de Margarita Belén, entre los cuales había detenidos a su disposición, habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaron escapar de un celular que los trasladaba a la cárcel de Formosa

El Juicio por la Complicidad Judicial que debe realizarse

Por su parte en cuanto al Debate Oral por la complicidad Judicial con crímenes de Lesa Humanidad en el Chaco, donde quedan como imputados el ex Fiscal Mazzoni y el ex Jefe de Guardia de la Cárcel U7 Pablo Cesar Casco; luego de una serie de Excusaciones de distintos jueces designados por haber sido parte del Juicio Caballero 1 en alguna instancia, se logro conformar el Tribunal integrado por los Dres. Juan Manuel Iglesias , Eduardo Belforte y Selva Spessot , las partes ya Ofrecieron Pruebas y solo resta que el Tribunal fije fecha de inicio del juicio.

En cuanto a la estructura de dicho debate oral , debe apuntarse que en el Requerimiento de Elevación a Juicio de la Fiscalia se describe el aporte de los Funcionarios Judiciales Federales se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de policías de la Brigada de Investigaciones y a Oficiales del Ejercito del Área de Inteligencia.

A la estructura creada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad destinada a la represión de militantes políticos, se agregó la falta de respuesta por parte de quienes se encontraban obligados por la función que detentaban, de investigar dentro del ámbito de la Justicia Federal de la provincia del Chaco, en los Habeas Corpus interpuestos por los familiares de las víctimas y más precisamente ante las distintas denuncias que realizaban los perseguidos políticos al momento de prestar declaración indagatoria, justificándose que solo podían intervenir si el defensor de cada uno de ellos hiciere la presentación correspondiente, y que, por otro lado, tampoco no podían instar a nadie a que haga las respectivas denuncias.

En ese sentido, las víctimas de los apremios ilegales frente al Terrorismo de Estado no contaban con otro mecanismo para recurrir en busca de una protección frente a esos delitos, dado que era evidente la pertenencia a dicha organización de quienes debían ser garantes de su integridad, los magistrados de la Justicia Federal del Chaco.

El método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, en la llamada “lucha antisubversiva", era “no hacer", no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables.

En principio, los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una “zona liberada" jurisdiccional…

"Se habla de método en el sentido de la reiteración sistemática de ese “no hacer" en todas las causas judiciales: la declaración y asunción de la competencia federal, el rechazo de los habeas corpus, la no realización de medida investigativa alguna en las causas por privación ilegítima de la libertad, la inexistencia de compulsas para investigar los delitos cuya sospecha de comisión era evidente, y el archivo de las causas penales originadas en los sumarios policiales por denuncias de familiares, habría de demostrarles que los magistrados procesados eran parte del engranaje que aseguraba la impunidad de los captores y la ejecución permanente de la privación de libertad de las víctimas. Así también se estimaron:"..que el aporte destinado a que los actores del plan sistemático de represión “actuaran tranquilos", no sólo se traducía en el archivo inmediato de los expedientes por denuncias formuladas ante las seccionales de policía, en no investigar las denuncias formuladas en las indagatorias por los imputados por la ley 20.840, o en el rechazo inmutable de los habeas corpus para “desalentar" la presentación reiterada de este instrumento, utilizado por los familiares como un grito angustiante y desesperado de auxilio a la justicia.

Por si fuera poca ante la noticia de apremios tanto Mazzoni y Córdoba en su descargo refieren la necesidad de que la denuncia se formalizara por escrito, y con la firma del denunciante, para que éste se hiciera responsable por el delito de falso testimonio, como si los nombrados no supieran en aquel entonces que lo que se denunciaba era verdadero.

El rechazo a toda forma de investigación llevó a que los ejecutores del ataque a la población se sintieran y fueran impunes, pues así, podían hacer lo que les viniera en gana, que no serían investigados por la justicia federal.

La consecuente falta de limitación alguna por parte de la administración de justicia, tuvo el efecto comunicativo de la actuación omnipotente de las fuerzas de seguridad en ese contexto…

"Desde esta perspectiva concluye el Requerimiento “que el aporte de Cordoba y Mazzoni fue sustancial para los ejecutores: contaban con la impunidad de sus acciones, y con el aseguramiento de que podían proseguir con la ejecución del mismo, esto es, detener personas, torturarlas, privarlas de la libertad, “desaparecerlas de la faz de la tierra" sin que los magistrados federales se inmuten, pues eran parte del mismo equipo, sólo que con otros roles y en otro órgano estructural del mismo Estado terrorista…"

Por ultimo el Ministerio Publico refieren a modo de síntesis , las conclusiones del informe final de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del chaco, aprobado por resolución Nº 87 del año 1985, que ilustra claramente el modus operandi de la asociación ilícita que se imputa:

“El procedimiento descripto, donde la ausencia de toda legalidad fue la norma, amén de servir a los represores como medio de garantizar su impunidad, también les proporcionaban un fuerte ingrediente de presión psíquica en el detenido, que se encontraba aislado del mundo exterior y huérfano del amparo de los órganos del Poder Judicial que debían velar por su integridad personal a la luz del derecho argentino".

Concluyendo luego el mismo Informe que: “La tolerancia y complicidad de los miembros del Poder Judicial en cuyas manos estaban la posibilidad y medios jurídicos para interceder por la situación de los detenidos, demuestran el estigma de la corrupción que campearon en los años del proceso militar.

La sistemática denegatoria a los recursos de “habeas corpus" interpuestos, la indiferencia ante las denuncias de los apremios ilegales, y el trato vejatorio e inhumano de los regímenes penitenciarios, y la no investigación de la situación de personas secuestradas que aún hoy revisten el carácter de detenidos-desaparecidos, no admiten ningún tipo de justificación ética moral o jurídica, en una república que desde sus albores ha bregado por la igualdad, la libertad y la justicia".

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