Esta modalidad se inscribe, recordaron, bajo un contrato de consumo, por lo que aplican los principios rectores de deber de información con claridad y precisión, interpretación a favor del consumidor y prohibición de cláusulas abusivas.

Así lo confirmó Liliana Campomanes, directora de Gestión e Instrucción de la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que, si bien “son contrataciones que se celebraron entre particulares", dada la gran cantidad de personas que consulta “decidimos hacer este comunicado de prensa para las futuras personas que van a ingresar en este tipo de contrataciones". En tal sentido, explicó que, aunque en “los contratos prima la autonomía de la voluntad, este es un contrato de consumo porque la relación no es la misma situación en la que se encuentra un consumidor final que el que ejerce una actividad comercial". “Existe una relación, una posición, que en derecho se conoce como una posición dominante: por lo general, el que va a suscribir un contrato de este tipo firma un contrato con cláusulas ya establecidas, los cuales, a veces, las personas firman o creen entender una cosa o se les dice que queda incorporado en el contrato determinadas condiciones que les fueron ofrecidas durante la oferta y, cuando firmamos, como en este caso, en estas situaciones que estamos viendo, creíamos que el precio, y todos sabemos que los precios, más cuando son a largo plazo, debemos establecer una cláusula de ajuste", indicó la funcionaria, al tiempo que explicaba que, entonces, el consumidor “pensó que esta cláusula de ajuste estaba bien establecida y que tenía que ver con el índice de precios de la construcción que establece la Cámara, pero existe y “y/o", entonces estas cuestiones un tanto no claras llevan a que la otra parte, la contraparte, diga “no, no es así" y empezamos a discutir la fórmula que vamos a aplicar; o sea, que no está escrito, en derecho se dice “no vale", son palabras, las palabras se las lleva el viento si no está escrito en el contrato". “No obstante, en un contrato de consumo quien debe probar lo que quiso decir es la parte más fuerte, la parte que tiene una ventaja o una posición dominante", aseguró Campomanes.Por eso, y para evitar problemas a futuro, la representante de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe recomendó hacer ver el contrato, previamente, con un profesional de confianza. Y recordó la importancia de pedir una copia, “porque este tipo de contratos predispuestos, según la normativa argentina, tienen que estar a disposición de quien va a firmarlo -que me pasa cuando voy a contratar el cable o comprar un teléfono- son cláusulas predispuestas que tienen que estar a disposición". “Las empresas de servicio tienen que publicarlas en sus páginas porque tienen que estar a disposición del consumidor y el consumidor tiene que leerlas e interpretarlas, poder interpretarlas, y lo que dude tiene que solicitar aclaración", aseveró.“Todas las contrataciones al principio todo es lindo y después empiezan las desavenencias y no sabemos de dónde nos sujetamos, si lo que me dijo la persona que me lo ofertó me lo dijo pero no está ¿dónde está?", argumentó Campomanes, y recomendó “prestar atención, tomar nota de la oferta, guardar los folletos, todo lo que tiene que ver con la folletería de la oferta". De todos modos, insistió en que “siempre la carga de la prueba reside en quien tiene la posición dominante porque en derecho del consumidor la normativa siempre debe ser interpretada, en caso de duda, en favor del consumidor".
Además, recordó que la Defensoría ofrece un servicio de asesoramiento gratuito para todos los que lo soliciten. “Lo que nosotros instamos es a no agotar las instancias de diálogo, a ninguna de las partes les conviene ir a un proceso judicial, todos tenemos que tener nuestra buena voluntad, negociar de buena fe. Nosotros ofrecemos siempre nuestros espacios de diálogo, que son el servicio que brinda el Centro de Mediación de la Defensoría donde tienen un espacio imparcial, totalmente imparcial, donde el consumidor puede entender lo que se le está cobrando y el vendedor justificar que no es injusto o arbitrario cobrarlo", indicó, y, finalmente, agregó que el organismo dispone de abogados que brindan asesoramiento jurídico. “No patrocinamos, quede claro, si el caso debe judicializarse, se le indica al consultante pero lo orientamos en cuanto a las alternativas que puede encontrar este conflicto que lo aqueja", concluyó.

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