El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex ministro de Salud y gobernador de Tucumán Juan Manzur  en la causa por irregularidades en la licitación del llamado “plan Qunita”, el programa asistencial maternal que había implementado el kirchnerismo y por el que se pagaron sobreprecios. Así lo revelaron fuentes judiciales al diario Clarín.

En el procesamiento, Bonadio usó varios de los argumentos de la Cámara Federal de Casación Penal que le había revocado un sobreseimiento que el magistrado había beneficiado a Manzur el año pasado. Por este expediente ya fueron enviados a juicio oral el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández  y el sucesor del gobernador tucumano en la cartera de Salud, Daniel Gollán, entre otros ex funcionarios y empresarios. 

En octubre del 2017, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del gobernador de Tucumán al considerar "arbitraria y prematura" la decisión del juez Bonadio y la Sala II de la Cámara Federal que desvinculó al ex ministro de Salud de la causa.

La intervención del tucumano había consistido en la convocatoria a la licitación, en la habilitación del pliego de bases y de condiciones y en la autorización para emitir circulares modificatorias. Los jueces Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani resolvieron que resultaba arbitrario y prematuro el sobreseimiento, ya que la propia confección del pliego, bajo la órbita de Manzur, "contrariaba la normativa" y podría evidenciar que la licitación "estuvo dirigida a favor de intereses particular".

El entorno del mandatario tucumano consideró la nueva resolución de Bonadio con trasfondo político. “Es una decisión bastante política por parte del juez. Vamos a esperar y ver de qué se trata esto. No están muy claros los motivos del procesamiento”, consignó una fuente cercana al gobernador a La Gaceta de Tucumán.

La causa. El programa fue presentado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 16 de julio de 2015 en Tecnópolis y consistió en la distribución de unos 150 mil kits para bebés que le habrían costado al Estado unos 1.100 millones de pesos, pero al poco tiempo fue denunciado por la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña por supuestas irregularidades.

Según la acusación, hubo irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados; ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático. 

A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN (4.096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de que estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.